Heberto Castillo.

El ritmo del trabajo disminuye al terminar los años. Son días de fiesta, de reuniones familiares, horas de reflexión, se piensa en los amigos que se fueron para no volver, en los que vivos se conservan en la amistad, se valoran los proyectos realizados. Los sueños no cumplidos y; también, en exceso a veces, los objetivos por alcanzar en el año que comienza. Los últimos días de diciembre son propicios para anidar buenas intenciones que pocas veces duran más allá del 6 de enero, cuando se reanuda la batalla por sobrevivir y las generosidades de diciembre se quedan, si bien les va, guardadas en el ropero por si acaso el año próximo renace el afán pasajero de hacer el bien “nada más porque sí”, sin ninguna otra razón o motivo que ése, hacer el bien.

Los mexicanos tenemos mucho que hacer para garantizar una vida digna a los hijos y a los que vienen detrás de los hijos. Vivimos una nación huérfana de democracia, un Estado que es hijo de la violencia. Nuestro pasado es la guerra. Entre españoles invasores contra indígenas defensores del territorio que les fue arrebatado entonces y que ahora 504 años después se les sigue negando. Guerra continua entre las etnias que defendían sus culturas y se remontaban a los sitios más inexpugnables, guerra que de todas las formas imaginables no ha cejado desde 1492. Guerra después de los criollos y mestizos contra la corona española hasta conquistar la Independencia política en 1821. Guerra de conquista yanqui de los criollos y mestizos contra los invasores del norte para perder más de la mitad del territorio. Guerra contra el imperio francés para consolidar la República con Juárez. A pesar de su origen zapoteco, Juárez despoja a las comunidades indígenas de sus derechos sobre la tierra. La gran injusticia juarista: crear una República garantizando derechos iguales a desiguales. Los indios con Juárez siguen en guerra luchando por sus derechos, defendiendo su cultura.

Díaz prosigue la política juarista y la concentración de la tierra se da en los iguales que tienen poder económico. La guerra contra los indígenas sigue con Díaz implacable. La Revolución de 1910 une anhelos de mestizos e indígenas. Carranza, O bregón y Calles por un lado, Villa y Zapata por el otro. Emiliano Zapata reivindica la causa de los indígenas y su derecho a la tierra. La Constitución de 1917 recoge las demandas sociales. A la República igualitaria de Juárez se suman las reivindicaciones sociales de Zapata, incorporadas a la Constitución en materia agraria, fundamentalmente mediante la ley del 6 de enero de 1917. Los derechos sociales que garantizan los artículos 27 y 123 constitucionales rompen la concepción igualitaria -todos los mexicanos con derechos igualescon que fue concebida la Constitución de 1857. Se crean tribunales especiales en materia laboral y agraria. Subsiste también un tribunal del fuero militar para delitos específicos cometidos dentro del Ejército.
El asesinato de Zapata y el que sean mestizos quienes asumen el poder después de Carranza, hace que los derechos indígenas sigan sin ser respetados ni menos consagrados expresamente en la Constitución. En ella ni siquiera se define a los pueblos indígenas. No se sabe a ciencia cierta quiénes son. Constitucionalmente no existen.

El mejor trato que han recibido los indios después de la Conquista, ha sido el paternalismo y tratar de ayudarlos a incorporarse a la civilización occidental. Admiramos el pasado y a veces renegamos de una Conquista que destruyó ciudades, monumentos y religiones y casi sepultó culturas e idiomas autóctonos, pero negamos sistemáticamente que esos pueblos tengan el derecho a mantener y enriquecer sus idiomas, tradiciones y formas de convivencia, lo que han logrado durante medio milenio superando todos los obstáculos que sus hermanos y vecinos, integrados ellos sí a la cultura dominante, les han opuesto tenazmente.

Los mestizos jamás hemos aceptado que somos nosotros los que tenemos que cambiar para convivir racionalmente con los indios. Y racionalmente quiere decir a provechar, al convivir con ellos, su sabiduría autóctona, tradicional, en beneficio de la comunidad nacional. Los pueblos indígenas tienen tal potencial cultural que -eso, para los que menosprecian su cultura actual han sabido preservar durante medio milenio sus idiomas -básicamente a través de la tradición oral-, sus costumbres, sus usos y; con ello, su identidad como pueblos. Ellos se siguen identificando a través de su idioma, vestimenta y formas de convivir donde quiera que habiten, no necesariamente -esto es fundamental- permaneciendo en sus territorios originales. Hasta ahora los mexicanos más identificados con los indígenas, los indigenistas pues, son en su mayoría, quienes admiran las culturas indígenas en los museos de historia, quienes adquieren sus artesanías y consumen algunas hierbas medicinales consagradas por los pueblos indios como tales.

Sin embargo, en la Constitución no se encuentra, en artículo alguno, cuáles son los pueblos indígenas y cuáles sus idiomas. ¿Es necesario hacerlo?, se preguntan algunos. Es indispensable, a todos nos parecería inconcebible Que el idioma Que hablamos como lengua materna no sea el oficial, Que nos enseñen las primeras letras en un idioma distinto al nuestro. Y ese es el caso de las 57 etnias Que habitan la República.
En 1996 se lograron avances en la lucha por el respeto a los derechos y las culturas indígenas. Motor de este impulso fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).Su lucha que cumplió ya tres años el 10 de enero, ha despertado conciencias. Son millones ya los que comprenden que los derechos indígenas deben ser para sujetos concretos, específicos. No más hablar de los indios en general como mexicanos desvalidos, incapaces de actuar por ellos mismos para cambiar su nivel de vida y para cambiar a México, incluso.

El EZLN logró un acuerdo con el gobierno en San Andrés Larráinzar el 16 de febrero de 1996; en él se plasman las demandas centenarias de los pueblos indígenas que habitan en la República. Son los Acuerdos llamados de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Se acordó en San Andrés, con la presencia de la Comisión Nacional de Intermediación la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) como testigos, llevara la Constitución cuestiones fundamentales para acabar con la marginación de más de 500 años sufrida por los pueblos que habitaban el territorio nacional antes de que llegaran los españoles.

En primer lugar, se conviene definir lo que son los pueblos indígenas y, para ello, se usa la definición que el gobierno aprobó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Esta definición está contenida, además, explícitamente en los Acuerdos de San Andrés. Una vez identificados expresamente los pueblos indígenas: “y aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de México” y que se reconozcan como tales, en San Andrés se acordó otorgarles a los pueblos indígenas el carácter de entidades de interés público o derecho público para que esos pueblos, por ellos mismos, pudieran incorporarse a la vida moderna y adquirir y exigir obligaciones de todo tipo.

También fue motivo de acuerdo el dejar establecido en la ley que: Los indígenas tienen el derecho a la libre determinación y como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano”. Y, por supuesto, esos pueblos, que habitaron los territorios que ahora ocupa la República y gran parte de Estados Unidos de América, exigen participar con equidad de las riquezas naturales que existen en los territorios que habitan, por ello el EZLN se empeñó y obtuvo el acuerdo del gobierno en San Andrés de “tener acceso a los recursos naturales que hubiere en sus tierras y territorios” .En los Acuerdos de San Andrés quedó claro que el concepto de territorio usado es el mismo que se empleó en el convenio de la OIT [firmado por el gobierno mexicano en 1989 y aprobado) después por el Senado de la República.

No hay nada entonces en la iniciativa de ley presentada por la Cocopa que se aparte de los Acuerdos de San Andrés ni nada Que vulnere la unidad de la nación.

Algunos mantienen l el criterio racista Que considera imposible la convivencia de 57 etnias dentro del territorio nacional. Y sin embargo, hemos convivido 504 años. Claro que imponiendo los mestizos nuestras normas de convivencia -importadas de Estados Unidos, España y Francia, por cierto-, e imponiéndolas a sangre y fuego, las más de las veces, y de manera villana y vil.

Es hora de reflexionar y de llamar a Ernesto Zedillo a que se vista de gloria poniendo oídos sordos a esos asesores constitucionalistas retrógrados que tiene. En 1917, por fortuna, los asesores de Carranza eran revolucionarios, no conservadores de normas.